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Pensemos Todos, Hablemos Todos, Digamos TODO. Ante la presentación y puesta en discusión por parte del Poder Ejecutivo Nacional de un proyecto de Ley de Medios Audiovisuales, es que el Movimiento Nacional Reformista siente la necesidad de aportar su punto de vista al debate público que debería darse para este tema de tamaña entidad en la Sociedad del Conocimiento y la Información. En la actualidad sigue vigente, de forma inadmisible, como marco legal de la Radiodifusión la Ley 22.285, sancionada por la sangrienta dictadura cívico-militar en 1980. La misma esta formulada con los criterios de la Doctrina de Seguridad Nacional que utilizaron aquellos que impusieron el golpe en Marzo de 1976. Dicha norma tiene un neto corte autoritario y discriminatorio, propiciando la centralización de los medios de comunicación en grupos económicos cómplices de aquel régimen y de las políticas neoliberales que desde ese momento se siguen aplicando en nuestro país. En 26 años de democracia, ningún proyecto de reforma ha prosperado, y eso no es casual. No ha sido la excepción este gobierno, quien instala este debate luego de haber pactado con los grandes grupos monopólicos de la comunicación y la producción. Un claro ejemplo de esto es la Resolución 527 del año 2005, en la que se renovaron anticipadamente las licencias entre otros al Grupo Clarín por 10 años más, la cual entendemos debe ser derogado. Aires de tranquilidad corrían por esos tiempos entre el Kirchnerismo y Clarín, donde fue una clara opción política de este gobierno, recostarse sobre el “gran diario” argentino para garantizar un clima social y cultural funcional, repitiendo las recetas practicadas por los anteriores gobiernos Justicialistas. Vientos de guerra soplan ahora entre estos actores, y es en este contexto en que el Gobierno pretende discutir el tema. Es en este contexto, donde como MNR creemos que debemos ir hacia una Ley de Medios Audiovisuales que garantice la no concentración de los medios y las opiniones, prohibiendo los monopolios, un marco legal que tenga en cuenta a las radios comunitarias, medios cooperativos, universitarios etc; una distribución de la pauta oficial transparente y ecuánime; distribución equitativa de las frecuencias radioeléctricas; un Organismo de Control amplio, transparente e independiente del Poder Ejecutivo Nacional y una Autoridad de Aplicación plural. No queremos una nueva corporación de medios, adictas al oficialismo de turno. No queremos un maquillaje para que nada cambie. No queremos un debate apurado, en lo que debería ser una política de estado por los próximos 30 años. Las grandes mayorías nacionales y los sectores progresistas debemos defender nuestro derecho a la información y a la libre expresión. No debemos, bajo argumentos falaces que solo confunden, hacerle el juego a los grandes grupos económico-mediáticos. No podemos, bajo la bandera de la libertad de prensa, facilitar una tamaña transgresión de la libertad de empresa. No podemos caer en la trampa de demorar su tratamiento con el argumento que debe ser el “nuevo Parlamento” a partir del 10 de diciembre el que la trate. No podemos, en definitiva, avalar la coartada de quienes no quieren que se sancione nunca, como hasta el presente, una nueva y necesaria Ley de Medios Audiovisuales. El Congreso debe abrir un amplio debate público con amplia participación ciudadana que concrete una nueva herramienta legal como servicio esencial para el desarrollo social, cultural y educativo de la población, y no que la misma resulte solo un negocio para unos pocos. En una sociedad democrática, la comunicación desempeña una función trascendente para garantizar la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a la información, derechos humanos consagrados en la Constitución Nacional. Debemos construir un marco legal que garantice una distribución de la palabra más igualitaria, lo que llevará a una sociedad con más libertad, más igualdad y más solidaridad. MOVIMIENTO NACIONAL REFORMISTA MESA NACIONAL |